La Corte Const en la Sentencia T-035/97 determinó que, “frente a la situación de la tenencia de animales domésticos, los derechos fundamentales que en forma diáfana se relacionan con la definición descrita son los relativos al libre desarrollo de la personalidad (CP., art.16) y a la intimidad personal y familiar (CP., art.15).”. Expresó además: “…la Sala estima que el mantenimiento de un animal doméstico, como el caso de un perro, en el lugar de habitación, siempre que no ocasione perjuicios a los copropietarios o vecinos, constituye un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P, art.16) y a la intimidad personal y familiar (C.P., art.15) que el Estado debe respetar, como medio para que el ser humano exprese su autonomía y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”Por tanto, las regulaciones a la tenencia de animales en unidades sometidas al regimen de propiedad horizontal, solo pueden ir dirigidas a la protección de los animales, o a evitar molestias graves a los vecinos (tales como agresiones, falta de higiene o ruidos de nivel superior a lo tolerable), entendiendose que tales molestias que deben ser superiores a las normales que todos debemos soportar como consecuencia de la vida en comunidad1, lo que significa que las incomodidades que hace parte de la convivencia sana y pacífica, no pueden ser objeto de censura o represión.Por otra parte, los reglamentos de propiedad horizontal no pueden contener medidas discriminatorias de las minorías, ni pueden restringir o afectar los derechos constitucionales de cada cual, por consiguiente, si en ellos se señalan medidas que resulten lesivas de los derechos arriba mencionados, son inaplicables. Sobre este aspecto, expresó la Corte en el fallo citado:

“El contenido del reglamento de copropiedad no podrá ir más allá de la regulación de los derechos que exige el mantenimiento de la comunidad, de aquello que resulte necesario para su existencia, seguridad y conservación, y con las limitaciones establecidas; así las cosas, no podrán ser oponibles, por virtud del mismo, cláusulas relativas a derechos que no trascienden el ámbito de lo privado y que por tanto forman parte del núcleo esencial de derechos como la intimidad o la autonomía privada, sobre los cuales se admiten excepciones cuando entran en conflicto con los derechos de los demás o el orden jurídico. A contrario sensu, los derechos que trascienden ese espacio íntimo pueden ser objeto de regulación más amplia, siempre bajo los parámetros que imponen los principios y valores del ordenamiento constitucional. Esos límites procuran evitar que en las decisiones que se adopten en la asamblea general de copropietarios se violen los derechos de las minorías a través de la votación impositiva de la mayoría.”

1 La Corte Const en la Sent T-119/98, también referida a los caninos, señala sobre el tema de lasmolestias que estos pueden causar, que “muchas de las molestias que ocasionan no son diferentes a aquellas cargas que inevitablemente impone la vida en sociedad y que deben soportarse en aras de una sana y pacífica convivencia.” Ello quiere decir, que no puede hacerse negatorio el derecho de tener mascotas y convivir con ellas dentro de las copropiedades, mediante prohibiciones y restricciones que impidan desarrollarlo cabalmente. Es decir, no pueden imponerse condiciones gravosas que en el fondo disfrazan una imposibilidad para los dueños de convivir con sus animales de compañía.

La Ley 746 de 2002 en su Artículo 108-B señala refiriéndose a los caninos que no están en la clasificación de potencialmente peligrosos, que, “Para los demás ejemplares, será deber de la copropiedad reglamentar su permisibilidad”, lo que quiere decir, que sin poder prohibirse la tenencia de mascotas, si puede hacer una reglamentación sobre las condiciones de la misma, para evitar situaciones de desaseo, agresión física o ruidos de niveles inaceptables a los vecinos, incluido regular el uso del ascensor, pero, sin que ello implique coartar el ejercicio real del derecho a la tenencia de mascotas.

Respecto del uso del ascensor, este puede ser regulado o limitado, pero de no de manera absoluta, por cuanto inicialmente, este es un bien de uso común para todos los propietarios, el cual, por su propia naturaleza y según el contenido de los reglamentos de propiedad horizontal, es para el transporte de los residentes, de los visitantes, para movilizar mercados y hasta para “mudanzas y trasteos”, siempre y cuando, se haga buen uso del mismo; por tanto, no hay razón para prohibir el desplazamiento de mascotas en su interior, mientras estas no sean agresivas con los restantes ocupantes, y se guarde la debida higiene, es decir, que no se les permita dejar sus excretas adentro y que el animal esté en condiciones de aseo. Incluso, la citada Ley 746 de 2002, su Art. 108-B autoriza: “Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en los ascensores de edificios públicos y privados que, como guías acompañen a su propietario o tenedor.” Como puede leerse, esta norma no prohíbe la presencia de los caninos en los ascensores, sino que por el contrario, lo que hace es autorizar expresa ydefinitivamente la de algunos.

Es evidente además, que en aquellos casos donde las condiciones físicas del propietario impiden o dificultan el uso de las escaleras, valga decir, tratándose de personas con impedimentos físicos o discapacidad, o cuando se trata de ancianos, o de ciudadanos que tienen otro tipo de dificultades para su movilización, como sobrepeso, enfermedad, o las limitaciones físicas son de la propia mascota, resultaría contrario a los derechos humanos prohibir el uso del ascensor al binomio dueño-mascota, y se pondría en clara evidencia la vulneración al derecho constitucional a la tenencia y convivencia con animales de compañía.

En conclusión, mientras no se perturbe el disfrute del ascensor como bien común, no se cause daño al mismo o se produzcan situaciones contrarias a las normas de higiene, no existe razón para prohibir el desplazamiento de mascotas en los ascensores, ya que se trataría de una imposición caprichosa que limitaría injustificadamente el uso y goce de los bienes comunes a determinados propietarios y por ende, iría en contra de la Constitución Política de Colombia.